SEPI Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

Quiénes Somos

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial.

Su misión es rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas las actuaciones atendiendo al interés público. De esta forma, la gestión de SEPI debe aunar la rentabilidad económica y la rentabilidad social.

Una entidad de Derecho Público

SEPI es una entidad de Derecho Público. Sus actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, si bien le resulta de aplicación determinada normativa pública como la que deriva, entre otras, de la Ley General Presupuestaria, la Ley de Contratos del Sector Público o las leyes de Presupuestos. SEPI está adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Esta Sociedad nació en 1995, por Real Decreto Ley 5/1995, de 16 de junio, posteriormente aprobado como Ley 5/1996, de 10 de enero de 1996, de Creación de determinadas Entidades de Derecho Público.

El Grupo SEPI

El ámbito de actuación abarca 15 empresas participadas de forma directa y mayoritaria, que constituyen el Grupo SEPI, con una plantilla aproximada de 74.000 personas; también es accionista de la Corporación RTVE, tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en nueve empresas e indirectas en más de cien sociedades.

Presupuestos Generales del Estado

SEPI y sus sociedades participadas mayoritariamente pueden percibir aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, así como captar fondos en los mercados nacionales o extranjeros, mediante la emisión y colocación de valores de renta fija, que podrán gozar frente a terceros de la garantía del Estado.

Los cambios introducidos en 2006 en la Ley 5/1996 de Creación de determinadas Entidades de Derecho Público y en el Real Decreto Ley 15/1997, que afectan a SEPI, modificaron el régimen financiero de esta Sociedad Estatal y de sus empresas, con el fin de su adaptación, dentro del pleno respeto al Derecho Comunitario, a una nueva etapa empresarial en la que ya no era posible mantener el principio de autonomía presupuestaria con el que fue creada.

Control público del Estado y de la UE

Su pertenencia al sector público determina que SEPI y sus empresas estén sometidas a los mismos procedimientos de control que cualquier otra institución pública:

• Control económico-financiero, a través de la Intervención General de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas.
• Control de las relaciones laborales, por la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva, la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) y el Ministerio de Hacienda.
• Controles específicos de las privatizaciones, por el Consejo Consultivo de Privatizaciones, la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
• Control parlamentario, mediante comparecencias informativas en el Congreso y en el Senado, iniciativas parlamentarias y el envío periódico de información político-financiera.
• Control de la Unión Europea, a través de los órganos comunitarios en relación con la competencia y con políticas sectoriales.